La negligencia médica es un tema delicado y complejo que puede tener terribles consecuencias para las personas afectadas y sus familias.
En el despacho del abogado Antonio Quintero, se presentó un complejo caso de negligencia médica en el que un menor residente en el sur de Tenerife perdió la vida después de una serie de sucesos desafortunados.
Este artículo explora el proceso legal y la lucha por la responsabilidad en este caso particular.
La Lucha por determinar la responsabilidad en un caso de negligencia médica
Todo comenzó con una simple rotura de cadena de bicicleta que desencadenó una serie de eventos trágicos. El menor que la conducía tras sufrí la caída, acudió acompañado de su madre hasta en 3 ocasiones a los Servicios de Salud Pública de Canarias solicitando pruebas para conocer las lesiones y un tratamiento para su curación.
Tras una negligente actuación médica en la que no se consideró llevar a cabo prueba alguna, el menor falleció a la edad de quince años debido a la rotura de un órgano interno.
El despacho del abogado Antonio Quintero asumió el caso y presentó una reclamación patrimonial en nombre de los padres del menor, solicitando una indemnización por la negligencia médica que llevó a la pérdida de su hijo.
Sin embargo, la reclamación fue rechazada por el Servicio Canario de la Salud, lo que es común en este tipo de casos en los que la Administración es “juez y parte” en la fase administrativa.
Ante la negativa de la Administración a reconocer su responsabilidad, Antonio Quintero asesoró y aconsejó a los padres del menor llevar el caso ante los Tribunales de Justicia.
Tras la celebración del correspondiente juicio oral, finalmente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia a favor de los padres, reconociendo la negligencia médica y condenando al Servicio Canario de la Salud al pago de una indemnización, así como de las costas procesales.
La sentencia destacó que una actuación médica adecuada habría requerido un proceso asistencial más completo y la adopción de medidas para evitar el fallecimiento del menor.
Sin embargo, el litigio no terminó ahí. El Servicio Canario de la Salud recurrió la sentencia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el recurso y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
A pesar de la clara responsabilidad determinada por la justicia, la Administración demandada no hizo efectivo el pago de las costas procesales en el período voluntario, lo que obligó al despacho a ejecutar la sentencia para obtener la compensación que correspondía a los padres del menor fallecido.
Justicia y compensación del daño
Diez largos años pasaron desde la tragedia hasta que los padres finalmente obtuvieron justicia para su hijo.
El importe de la indemnización percibida por los padres no se ha hecho pública por expresa petición de los mismos, y aunque han obtenido cierta satisfacción por el reconocimiento otorgado ante la justicia, la negligencia médica dejó una cicatriz imborrable en la vida de esta familia por la pérdida de su hijo, que tendría ahora la edad de veintiséis años.
Este caso pone de relieve la importancia de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito sanitario.
La lucha por la justicia en casos de negligencia médica es un proceso arduo y doloroso para las familias afectadas. Es fundamental que los servicios médicos y las instituciones de salud asuman la responsabilidad de sus acciones y trabajen para evitar este tipo de tragedias.
La transparencia, la diligencia y el respeto por los derechos de los pacientes son aspectos fundamentales para garantizar una atención médica adecuada y evitar casos de negligencia como el presente.
En última instancia, solo a través de una cultura de responsabilidad y mejora continua en el ámbito de la salud pública se podrá evitar que otros casos como el de Diego ocurran en el futuro.
Conclusión
En definitiva, la lucha por la justicia y la compensación obtenida en este caso de negligencia médica resalta la importancia de la responsabilidad de la Administración en el ámbito sanitario, así como las consecuencias que la falta de una atención médica diligente y responsable puede suponer para la vida de los pacientes y de sus familiares.
Es fundamental que la Sanidad Pública asuma la responsabilidad de sus acciones y trabaje para evitar este tipo de tragedias en el futuro. La vida de Diego y de otros pacientes afectados por negligencia médica merece ser honrada a través de una atención médica responsable y ética que garantice la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
La obtención de justicia después de una década de batalla legal destaca igualmente la importancia de perseverar en la búsqueda de responsabilidad para proteger los derechos y la seguridad de los pacientes y sus familias.
